Tortura y malos tratos.
En al menos 81 países en todo el mundo se siguen practicando la tortura y los malos tratos. Argentina es uno de ellos.
Tanto la legislación nacional como la internacional son claras: no hay excusas para la utilización de la tortura, para degradar, humillar o tratar de forma inhumana a una persona privada de su libertad.
Bajo el pretexto de querer combatir la “inseguridad” o la “guerra contra el terror” se violan los derechos humanos y se ha intentado justificar lo injustificable: el uso de la tortura y los malos tratos.
En Argentina se necesita una acción efectiva por parte del Estado para prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en los centros de detención. Es necesario un Plan de Política Penitenciaria que demuestre la voluntad del Estado de cumplir sus compromisos nacionales e internacionales.
Según el Articulo 18 de la Constitución Nacional Argentina, “(...) Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.” Sin embargo, la realidad es otra.
A nivel mundial, uno de los mayores escándalos en cuestión de tortura es lo que ocurre en Guantánamo. Los malos tratos a que son sometidos los detenidos en el centro de detención de Guantánamo son una vergüenza universal, además de una burla para las normas internacionales. Pero Guantánamo no es un caso único, sino que es una muestra más de los atropellos que realizan los Estados incumpliendo su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos.
“No hay ninguna circunstancia, absolutamente ninguna, en que se permita la tortura. Ni siquiera en situaciones de emergencia, ni en situaciones de guerra. Los instrumentos internacionales de derechos humanos así lo estipulan. ¿Qué más hay que esperar? ¿Cuántas directrices necesitamos? Apliquémonos a la tarea de hacer cumplir esa normativa”. Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En al menos 81 países en todo el mundo se siguen practicando la tortura y los malos tratos. Argentina es uno de ellos.
Tanto la legislación nacional como la internacional son claras: no hay excusas para la utilización de la tortura, para degradar, humillar o tratar de forma inhumana a una persona privada de su libertad.
Bajo el pretexto de querer combatir la “inseguridad” o la “guerra contra el terror” se violan los derechos humanos y se ha intentado justificar lo injustificable: el uso de la tortura y los malos tratos.
En Argentina se necesita una acción efectiva por parte del Estado para prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en los centros de detención. Es necesario un Plan de Política Penitenciaria que demuestre la voluntad del Estado de cumplir sus compromisos nacionales e internacionales.
Según el Articulo 18 de la Constitución Nacional Argentina, “(...) Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.” Sin embargo, la realidad es otra.
A nivel mundial, uno de los mayores escándalos en cuestión de tortura es lo que ocurre en Guantánamo. Los malos tratos a que son sometidos los detenidos en el centro de detención de Guantánamo son una vergüenza universal, además de una burla para las normas internacionales. Pero Guantánamo no es un caso único, sino que es una muestra más de los atropellos que realizan los Estados incumpliendo su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos.
“No hay ninguna circunstancia, absolutamente ninguna, en que se permita la tortura. Ni siquiera en situaciones de emergencia, ni en situaciones de guerra. Los instrumentos internacionales de derechos humanos así lo estipulan. ¿Qué más hay que esperar? ¿Cuántas directrices necesitamos? Apliquémonos a la tarea de hacer cumplir esa normativa”. Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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